La Asociación Salamanca Memoria y Justicia ha expresado “su indignación y tristeza” ante la resolución del Tribunal Supremo por la que paraliza la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de El Pardo. Estiman que el Supremo se ha inclinado por defender el interés particular de la familia Franco frente al interés general, la legalidad española vigente y los Convenios y Tratados internacionales sobre la materia.
Fotografía: El Confidencial
Hace notar la Asociación Salamanca Memoria y Justicia que el procedimiento administrativo para exhumar los restos se inició respetando escrupulosamente el principio de legalidad y obedece a la aprobación del Decreto-Ley 10/2018 que modificó la Ley de Memoria Histórica. El Congreso de los Diputados votó a favor de exhumar los restos de Franco y convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria y reconciliación.
Las instituciones internacionales también se han pronunciado. Así, los relatores de Naciones Unidas, en su visita al Valle, consideraron una “anomalía internacional” mantener en ese lugar los restos del dictador.
Ha resultado muy chocante para gran parte de la ciudadanía que el Supremo afirme que Franco fue Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. Este pronunciamiento para Salamanca Memoria y Justicia es “una premisa errónea muy grave que da carta de naturaleza a una jefatura del estado proclamada por la fuerza de las armas mediante un cruento golpe de Estado” y cataloga esta resolución como “una nueva vergonzosa humillación a las víctimas de la dictadura franquista”.
Del asunto hemos hablado hoy con Julio Fernández García, profesor de Derecho Penal de la USAL e integrante de esta Asociación salmantina.