Se está trabajando desde hace algunos meses en la nueva ley orgánica del sistema universitario (LOSU). Una ley que se manifiesta como “resultado de un proceso de escucha con representantes de todas las universidades públicas españolas, donde se incluyen rectores y rectoras, representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI), sindicatos, estudiantado, las Defensorías Universitarias, los y las jóvenes investigadores, la red de bibliotecas, las gerencias de las universidades, consejos sociales, Federación Española de Municipios y Provincias y los agentes del diálogo social”. Sin embargo una enmienda propuesta por PSOE y Unidas Podemos en torno a los profesores asociados ha hecho saltar algunas alarmas, como la del sindicato CSIF. Hoy hemos hablado con Ramón Caballero Klink, vicepresidente del Sector Nacional de Educación de CSIF.
Ramón Caballero nos ha hablado de esa enmienda, que consideran inaceptable, ya que entienden que puede provocar despidos masivos en las universidades. En la actualidad existen en el país más de 30.000 profesores asociados y en muchas facultades y centros el porcentaje llega a suponer un 40% de la plantilla.
Algunas otras propuestas de la la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario son el compromiso de un gasto adicional del 1% del PIB, la reducción de la precariedad de sus profesionales, la formación a lo largo de la vida y una carrera académica más estable. Ahora toca perfilar la ley para que esos objetivos tan loables sean reales, aunque una inversión adicional del 1% del PIB sigue siendo bien escasa. Según datos de 2021 de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), analizados por Servimedia, y para la serie histórica de todos los países de la UE que comienza en 1995 y concluye en 2019, España ha ocupado siempre los últimos puestos del ranking, puesto que su lugar ha oscilado entre la 21ª y la 26ª plaza en esos 25 años. Nuestro país ha invertido entre un 4,0% y un 4,6% de su PIB a gasto público en educación desde 1995. El máximo se produjo en 2009, con un 4,6%, lo que sirvió para ser el 20º país de la UE en el ranking. Y el mínimo se repitió en 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2017, 2018 y 2019.